ACLARACIONES CIERRE ESTABLECIMIENTO Y E.R.T.E

Está corriendo el rumor de que SELAE va a resolver unilateralmente los contratos mercantiles de quienes cierren sus establecimientos. Esto es falso.

Es el propio SELAE, el que en su nota informativa del 15 de marzo de 2020, sobre el procedimiento a seguir en aplicación del estado de alarma, dice que a partir del 15 de marzo cesa la comercialización de juegos y deshabilita los terminales, por lo que difícilmente va a resolver ningún contrato mercantil en función de lo que dicen sus artículos 10.2.1 y 10.2.2.

En relación con los ERTE, hago las siguientes aclaraciones.

Se consideran Fuerza Mayor aquellas situaciones consecuencia de las suspensiones de contrato y reducciones de jornada que tengan su causa directa en pérdidas de actividad derivadas de las distintas medidas gubernativas adoptadas como consecuencia del Covid-19, incluida la declaración del estado de alarma, que impliquen suspensión o cancelación de actividades, cierre temporal de locales de afluencia pública, restricciones en el transporte público y, en general, de la movilidad de las personas y o las mercancías, falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad, o bien en situaciones urgentes y extraordinarias debidas el contagio de la plantilla o la adopción de medidas de aislamiento preventivo decretados por la autoridad sanitaria, que queden debidamente acreditados.

Pueden acogerse a un ERTE por Fuerza Mayor todas las empresas, independientemente de su forma jurídica, que su situación encaje con la consideración de fuerza mayor.

Con la solicitud a la Autoridad Laboral – Consejerías de Trabajo de las Comunidades Autónomas – hay que acompañar por la empresa, un informe relativo a la vinculación del ERTE propuesto con las medidas gubernativas adoptadas, adjuntando, en su caso, de la correspondiente documentación acreditativa, que puede ser muy simple, como la demostrativa de la actividad de la empresa.

La resolución, aunque el Real decreto Ley 8/2020 no lo diga, tiene efectos retroactivos al momento inicial del motivo de fuerza mayor, resultando de aplicación el art. 47 ET y los arts. 31 a 33 del Reglamento aprobado por Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada

La Inspección de Trabajo ha de emitir un informe, siendo la solicitud de ese informe potestativo para la autoridad laboral, por lo que puede prescindirse del mismo, y en todo caso, debe haber resolución de la Autoridad Laboral, que será expedida en el plazo de 5 días.

Una vez hecha la resolución por parte de la autoridad laboral, los trabajadores afectados pasan al desempleo y percibirán prestaciones con independencia de que tengan suficientes cotizaciones o no para ello, basta con que estuviesen de alta antes de la entrada en vigor del Real Decreto Ley 8/2020. La norma establece la forma en que se actuará en estos casos para fijar la base reguladora de las prestaciones y otros aspectos adicionales.

Además el periodo consumido como consecuencia de estos ERTES no se entenderá gastado a efectos del periodo máximo de percepción de prestaciones cuando el trabajador o trabajadora disfrute de un posterior desempleo.

Mientras dure esta situación los trabajadores están en suspensión de contrato pero siguen vinculados a la empresa, aunque no tienen derecho a indemnización alguna.

La cotización a la Seguridad Social que mensualmente hacen las empresas por sus empleados, una vez autorizados los expedientes de fuerza mayor por la Autoridad Laboral, queda liberada del pago (cuota empresarial prevista en el art. 273.2 de la Ley General de la seguridad Social).

Miguel Hedilla de Rojas

Abogado

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